BP responsabiliza a contratistas por derrame crudo EE.UU.

LONDRES/WASHINGTON, sep 8 (Reuters) – Una investigación de BP sobre el desastre en el Golfo de México desestimó el papel de la compañía en el peor derrame de petróleo en la historia de Estados Unidos, buscando compartir la culpa con sus contratistas.

El reporte divulgado el miércoles fue duramente criticado por legisladores estadounidenses y uno de los contratistas, Transocean, que lo calificaron como un intento de la gigante británica por “servir a su propio interés” y escapar de la responsabilidad del “mortal y fallido” diseño de su pozo submarino Macondo.

El informe amenazó con reavivar la ira pública por el enorme derrame de petróleo, que causó una catástrofe ambiental a lo largo de la costa estadounidense del Golfo de México, devastando al turismo y la pesca en el área y dañando la popularidad del presidente Barack Obama.

Investigadores de BP  no lograron identificar una sola acción o inacción que causará la explosión de la plataforma de perforación Deepwater Horizon el 20 de abril, dejando 11 muertos y causando la ruptura del pozo a 1,6 kilómetros por debajo de la superficie marina.

“Mas bien, una compleja e interrela

Peces muertos por la contaminación con petróleo en Port Sulpher, Louisiana (Reuters)

cionada serie de fallas mecánicas, cálculos humanos, diseño de ingeniería, implementación operacional e interfaz de equipos se unieron para permitir la iniciación y escalada del accidente”, dijo el reporte.

“Muchas compañías, equipos de trabajo y circunstancias estuvieron involucradas en el tiempo”, agregó.

Los inversores aguardaron con ansias el reporte para determinar si BP podrá ser capaz de compartir los costos potenciales del derrame, un monto que según analistas supera los 50.000 millones de dólares.

Las acciones de BP en Nueva York subieron un 3,2 por ciento, mientras que en Londres los títulos cerraron con un alza de un 1,3 por ciento.

OCHO FALLAS CLAVES

La explosión de la plataforma desató una marea negra que duró hasta que el pozo fue tapado el 15 de julio, luego de que 4,9 millones de barriles de petróleo se esparcieran por el mar.

El reporte, llevado a cabo por el director de seguridad de BP, Mark Bly, también destacó a Halliburton, firma que señaló que el informe contenía “omisiones e inexactitudes sustanciales”.

Transocean también criticó los hallazgos de BP, al referir a través de su portavoz, Lou Colasuonno, que el sistema para prevenir explosiones del pozo fue “inspeccionado, probado y que pasó por una rigurosa manutención antes de ser colocado en el pozo Macondo y que fue probado semanalmente, hasta 72 horas antes del estallido”.

BP también defendió algunas de sus decisiones, calificadas por políticos estadounidenses como medidas para ahorrar costos que contribuyeron al desastre.

La petrolera justificó su muy criticado diseño del pozo, el uso de menos centralizadores de los recomendados para cementar el pozo y el reemplazo de lodo pesado, que mantenía bajo control el pozo, por agua.

Los centralizadores son mecanismos que se usan para asegurar que el revestimiento de cemento sea aplicado de manera uniforme alrededor del pozo.

“Parecería poco probable que el diseño del pozo contribuyó al incidente”, agregó el saliente presidente ejecutivo de BP, Tony Hayward.

DURAS CRITICAS

BP ha perdido casi 70.000 millones de dólares de su valor de mercado desde el accidente y Hayward ha enfrentado un duro embate de legisladores estadounidenses por desestimar inicialmente la escala del desastre y el potencial impacto en el ambiente.

El reporte de BP incluyó críticas a los contratistas.

“A lo largo de un período de 40 minutos, la tripulación de la plataforma de Transocean no logró reconocer el flujo de hidrocarburos al pozo y actuar”, dijo BP en un comunicado.

Pero Transocean dijo que BP busca concebir el factor crítico que creó el marco para el incidente del pozo Macondo: el diseño del pozo. “En el diseño y construcción, BP tomó una serie de decisiones para ahorrar costos que elevaron el riesgo”, dijo en un comunicado.

Al apuntar con el dedo a Halliburton y Transocean, BP dijo que Halliburton uso una mezcla “inestable” de cemento que dejó fluir los hidrocarburos en el pozo.

BP también criticó al personal de la plataforma por desviar el flujo del lodo e hidrocarburos en el fallido sistema después de que se produjo la explosión.

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Miles de barriles de ácido sulfúrico con plomo terminan en los ríos

Por: William Alfaro

Los índices de envenenamiento por los componentes de la baterías de automóviles, plomo y ácido sulfúrico, en un futuro inmediato pueden superar cualquier expectativa de las autoridades de Salud y Medio Ambiente, ya que más de 900 mil litros de electrolitos –una disolución de ácido sulfúrico– contaminados con óxido de plomo terminan anualmente en los ríos y lagos del país, como resultado de la falta de reciclaje de las baterías, que una vez caducadas, terminan como chatarra.

Hasta hace tres años, El Salvador reciclaba un promedio mensual de 550 toneladas de desperdicios de los acumuladores (baterías), lo cual equivalía a más de 36 mil baterías de ácido plomo usadas (BAPU) –casi un 100%–, sin embargo, según datos del Viceministerio de Transporte (VMT), el parque vehicular actual es de 696,654 autos, de los cuales unos 400 mil cambian baterías anualmente y son exportadas como chatarra con las tapaderas de aguas negras, aluminio y alambre de cobre, entre otros.

Los chatarreros, muchos de ellos de los alrededores de La Tiendona, compran las baterías desde los 13 hasta los 19 centavos por libra. Es decir que cada batería de unas 22 libras –peso promedio–, puede representar cuatro dólares con 18 centavos.

El negocio está en la compra de grandes cantidades, es por ello que la operación se vuelve indiscriminada, y aunque paguen menos centavos por aquellas baterías “húmedas” (con ácido sulfúrico), son los chatarreros quienes al final tienen que “secarlas”.

Uno de ellos pidió el anonimato al explicar que las empresas mayoristas pagan tres o siete centavos más por libra, pero exigen que “tienen que estar secas”.

Dos años atrás, una investigación de El Diario de Hoy reveló que centros de recolección para el reciclaje como Indresa, Invema y Resimefe, compran baterías para la exportación. Los chatarreros, no dudan en afirmar que estas empresas continúan siendo sus principales compradores.

Jorge García, gerente general de Invema, explicó que compran baterías secas y húmedas para venderlas a otros exportadores salvadoreños como Grupo Rayo y Green Lead.

García argumentó que exportan aluminio, latas, acero inoxidable, policarbonatos –desechos de DVD y CD–, “ya que somos los únicos que hacemos la labor de reciclaje en el país”.

También manifestó estar tramitando los permisos con el Ministerio de Medio Ambiente para poder “exportar baterías a Honduras”, y subrayó que la actual situación de contaminación que vive el país es causada por el cierre de la única planta de reciclaje (Baterías Record), por cuestiones políticas”.

Desde otra perspectiva, Ernesto Pérez, representante de Empresas Ambientales de El Salvador, compañía nominada al premio internacional de medio ambiente Green Lead, razonó que uno de los principales problemas que tienen es la competencia desleal, ya que en el país, su empresa y el Grupo Rayo son los únicos que se encargan de exportar las BAPU dentro de las normas pactadas en el Convenio de Basilea, y al igual que Grupo Rayo, aclararon que no tienen ningún compromiso comercial con Invema.

Pérez lamentó que en los últimos años, quienes compran las BAPU, sin tomar las medidas de seguridad y salud ambiental, “han vertido un gran cantidad de ácido sulfúrico” en las tuberías de la red nacional, obviando que cada unidad desprende en promedio de tres a cuatro onzas de óxido de plomo en polvo.

El mundo al revés

En 2002, el estudio sobre el “Manejo Ambientalmente Adecuado de Baterías Ácido-Plomo usadas en Centroamérica y el Caribe”, promovido por el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta), afirmaba que “el proceso típico de ‘reciclaje’ de los acumuladores de plomo consiste en romper la batería usada y separar sus componentes, para fundir y refinar el plomo. Este proceso produce varios tipos de residuos peligrosos, incluidos óxidos de plomo, sulfitos de plomo y dióxido de plomo en forma de polvo, tierra, sedimentos y lodo. Otros subproductos comunes del reciclaje de baterías son el ácido sulfúrico y metales pesados como el antimonio, el arsénico, el cadmio y el cobre, el plástico de la caja de baterías y el polietileno de los separadores. La importancia de la recuperación de las baterías usadas radica en la obtención del plomo, advierte el estudio.

El ensayo determinó que en El Salvador la industria más grande que por entonces fabricaba baterías, se había “convertido en una fábrica recuperadora de plomo secundario a través del reciclaje de baterías ácido-plomo desechadas. Se ha determinado que anualmente se reciclan en promedio un 83% de las baterías ácido-plomo que son desechadas por la población”, indica.

Los números se han invertido considerablemente. Según Empresas Ambientales de El Salvador y Grupo Rayo, solamente un 10% de las BAPU reciben tratamiento para ser exportadas, el 90% restante es exportado al margen de los acuerdos pactados por el país en el Convenio de Basilea.

La baterías chatarra salen del país bajo las partidas arancelarias de los productos ferrosos y no ferrosos, pero también algunas exportaciones se hacen amparadas en permisos que solamente pueden extender los ministerios de Salud y Medio Ambiente, y que están amparados en la partida arancelaria número 8507, para “acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares”, y la subpartida 8507-1000, “de plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de émbolo (pistón)”.

El detalle de las partidas anteriores son para la exportación de baterías de automóviles nuevas, y no para las BAPU, las cuales están consideradas en la Ley Medio de Ambiente, en el Capítulo V, que están contempladas en los “Riesgos ambientales y materiales peligrosos”.

El Artículo 57, determina que “la introducción, tránsito, distribución y almacenamiento de sustancias peligrosas será autorizada por el MARN, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Economía y el Consejo Superior de Salud Pública; un reglamento especial regulará el procedimiento para esta materia”.

Además, en el Artículo 60, aclara que “toda persona natural o jurídica que use, genere, recolecte, almacene, reutilice, recicle, comercialice, transporte, haga tratamiento o disposición final de sustancias, residuos y desechos peligrosos, deberá obtener el Permiso Ambiental correspondiente, de acuerdo a lo establecido en esta Ley”. La violación de ambos artículos son tipificados como graves.

Compromiso del consumidor

El estudio en mención también afirmó que “un sector que juega un papel fundamental en el proceso de manejo del plomo es el sector informal, conformado por talleres automotrices, talleres de reparación de baterías, personas que reacondicionan baterías, elaboran pesos de pesca, linotipos para imprenta, balas y otra serie de productos a base de plomo, los cuales son los responsables de romper la cadena de recolección para poder llegar al destino final que es la planta autorizada para reciclaje. Dentro de este sector las personas tienen como fuente de ingreso reparar las baterías, rehacer una nueva o elabora ciertos utensilios que no están al alcance de su bolsillo. Este sector es el que menos conoce acerca del manipuleo adecuado del plomo”, asevera.

El Diario de Hoy, en los recorridos para recolección de información para este artículo, constató que los chatarreros cuentan con escasa información acerca de los daños que puede causar a la salud el mal tratamiento de las BAPU.

Hace casi una década atrás, ya se consideraba el papel que juegan los consumidores en la recolección y el reciclaje de los desechos peligrosos. Para los ambientalistas, aunque el “largo brazo de la justicia” no alcance a quienes se benefician de la contaminación de los ríos, lagos y mantos acuíferos, sugieren a los consumidores preguntarse: ¿En qué lugar terminan los desechos que pueden envenenarme en un futuro inmediato, y qué están haciendo las autoridades por impedirlo?

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Cuatro empresas cumplen con el Convenio de Basilea

Por: William Alfaro

Desde diciembre de 1991, El Salvador aceptó y ratificó el Convenio de Basilea que establece las normas destinadas a controlar a escala internacional los movimientos transfronterizos y la eliminación de residuos peligrosos para la salud humana y el medio ambiente, y entre ellos, se encuentran “los componentes de las baterías ácidas de plomo usadas (BAPU) que pueden representar una amenaza para la salud y el medio ambiente si se manipulan inapropiadamente”.

De hecho, nuestro país fue sede de “la Estrategia Regional para el Manejo Ambientalmente Racional de las Baterías Ácidas de Plomo Usadas en América Central, Colombia, Venezuela y los Estados Insulares del Caribe”, realizada en San Salvador en noviembre de 2002.

Según los documentos de la representación de Basilea en el país, el cónclave sirvió para colaborar con las naciones en desarrollo en la planificación de “políticas, programas y medidas para propugnar una aproximación cooperativa y coordinada que asegure el Manejo Ambientalmente Racional (MAR) de las BAPU en la región”.

En esa ocasión se estableció que el reciclado local de BAPU en muchos países de la región es inadecuada (desde la perspectiva del MAR), insuficiente o totalmente inexistente.

A su vez, uno de los nueve objetivos subrayó el compromiso de “crear conciencia en el público en general sobre la importancia del uso adecuado y de asegurar el MAR para el recupero de BAPU”.

A pocos meses de cumplirse siete años de ese encuentro, en el país apenas cuatro empresas cumplen con las normativas de Basilea para el traslado transfronterizo de las baterías.

El Convenio de Basilea establece que “los residuos peligrosos que deban ser objeto de un movimiento transfronterizo deben embalarse, etiquetarse y transportarse con arreglo a las normas internacionales e ir acompañados de un documento de movimiento desde el lugar de origen hasta el lugar de eliminación”, situación que incluye a las baterías transportadas como chatarra.

Según Miguel Araujo, ex ministro de Medio Ambiente y actual Director del Centro Regional del Convenio de Basilea, en el país, Grupo Rayo, Empresas Ambientales de El Salvador, Recicladora Centroamericana y Transportes Vides, están cumpliendo con el tratado.

La comercialización de las BAPU como chatarra no sorprendió a Araujo, quien afirmó que han tenido conocimiento, “que se han estado vaciando líquidos a los ríos y se han estado exportando baterías como chatarra. Hay un gran daño por esa contaminación grave, que se hace ilegalmente”.

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Ambientalistas piden más firmeza

Carlos Mejía Martínez, dirigente del “Movimiento Sin Plomo”, que aglutina a varias comunidades del Sitio del Niño, coincidió con la directora del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta), Silvia Quiroa, en que las autoridades deben penalizar a aquellas personas o empresas que contaminen el medio ambiente con los residuos que generan las baterías de ácido plomo usadas (BAPU).

Mejía Martínez aseguró que en El Salvador no existe control y, “las autoridades deberían de penalizar. En el país, debería haber un marco que regule esta situación”.

Por su parte, Quiroa sostuvo que es necesario un mapeo para reconocer en qué lugares del país se está efectuando este tipo de contaminación.

“En los lugares donde cargan y compran las baterías de carro, ahí les dan un tipo de manejo que no es el manejo que se le deben de dar a este tipo de desechos”, apuntó Quiroa, quien insistió que no es el único mal que amenaza al medio ambiente.

Dentro de las recomendaciones de los ambientalistas a la población se encuentra llevar las baterías a los centros de recolección autorizados por Medio Ambiente.

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Activistas de Greenpeace convictos de robo en Japón

Activistas sosntienen fotos de Sato y Suzuki, dos miembros de Greenpeace en Japón, que fueron procesados judicialmente por robar carne de ballena en un dispensario. AP

Por MARI YAMAGUCHI

TOKIO (AP) – Un tribunal japonés declaró culpables el lunes a dos activistas de Greenpeace de robarse carne de ballena que ellos dicen estaba destinada al consumo ilegal.

El tribunal del distrito de Aomori dio sentencias suspendidas a los activistas tras declararles culpables de robarse 23 kilogramos de carne de ballena del almacén de una compañía de servicio de entregas en abril de 2008.

La carne provino de ballenas cazadas durante cacerías llamadas “de estudio” auspiciadas por el gobierno japonés.

Japón caza ballenas a lo largo de sus aguas costeras y en la Antártida bajo la exención de estudios a la prohibición de 1986 por la Comisión Ballenera Internacional.

Los críticos dicen que las cacerías “científicas” son una farsa para continuar la cacería comercial, porque la carne de las ballenas cazadas va a parar mayormente a restaurantes, mercados y almuerzos escolares.

Junichi Sato, de 33 años, y Toru Suzuki, de 43, fueron sentenciados a un año de cárcel por robo y entrada desautorizada, pero no van a pasar tiempo en prisión, dijeron Greenpeace y funcionarios judiciales.

Los dos activistas se declararon inocentes de robo, pero admitieron la entrada ilegal. Insistieron que con su acción querían llamar la atención sobre las turbias operaciones balleneras científicas y presentar una queja formal ante las autoridades.

Sato dijo que él y Suzuki van a apelar el veredicto.

“Es una sentencia injusta que castiga a personas que estaban tratando de revelar las violaciones de proyectos financiados con dinero del contribuyente”, dijo Sato en un video colocado en internet.

En mayo de 2008, Greenpeace le presentó la carne robada a las autoridades y dijo que los balleneros en las cacerías usan la carne para venderla o para consumo personal.

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De 30 a 60% caerá la cosecha de maíz y frijol para 2010-11

Los mayores daños, por las tormentas Agatha y Alex, las sufrieron los cultivos de maíz y frijol ubicados en terrenos planos, como los valles de Zapotitán y la zona baja del río Lempa.

Daniel Choto

¡Preocupante! Es la palabra con que algunos representantes de los productores de granos básicos definen los resultados de la cosecha de maíz y frijol que se espera para este año.

Las proyecciones iniciales eran superar la producción del año pasado, que se acercó a 19.7 millones de quintales de maíz blanco y a 2.6 millones de frijol. Sin embargo, eso no será posible por los daños provocados por las tormentas Agatha y Alex, aparte de las lluvias que se espera se prolonguen hasta noviembre.

Una primera estimación, a cargo de las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), calculaba que en general la cosecha de granos básicos, especialmente de maíz y frijol, registrará pérdidas del 30 por ciento.

Según el titular del MAG, Guillermo López Suárez, se preveían pérdidas entre 132 mil y 203 mil quintales de frijoles y en el caso del maíz entre 954 mil y un millón 430 mil quintales de sacos.

Ahora, con las nuevas estimaciones, de la proyección inicial de 2.8 millones de quintales de frijol que se producirían, solo se obtendrán cerca de 2.6 millones; y en maíz, de los 20.8 millones proyectados inicialmente, únicamente se cosecharían 19.4 millones.

A pesar de los ajustes optimistas de las autoridades del MAG, para la cosecha 2010, los productores esperan un cuadro menos conservador que las cifras oficiales, debido a las persistentes y fuertes lluvias y a la entrada del fenómeno climático La Niña, que prolongará la estación húmeda hasta noviembre.

Jorge Hidalgo, técnico de la Asociación de Cooperativas de Producción Agropecuaria Integradas (Acopai), destaca que en maíz las pérdidas oscilarán entre un 25 y un 30 por ciento, coincidiendo con los pronósticos del MAG.

Pero sus estimaciones para las dos cosechas de frijol son más tétricas, pues considera que la producción de este año será hasta un 60 por ciento menor a la de 2009.

Su proyección la basa en que las siembras de frijol de mayo, que se recogen entre julio y agosto, se perdieron casi en un 80 por ciento, por lo que no se alcanzarán los 800 mil quintales que se esperaban. La crisis se agudizará porque la siembra de agosto, que se cosecha entre octubre y noviembre, aún no se ha hecho, explicó.

Es más, dijo que a estas alturas de septiembre el MAG ni siquiera ha entregado los paquetes de semilla mejorada para la segunda siembra, lo que aunado a los problemas climáticos de La Niña, auguran una menor producción.

Si bien el área cultivada para la segunda cosecha de frijol es mayor a las 150 mil manzanas que se siembran en mayo, los aguaceros que se esperan crearán hongos y enfermedades que disminuirán la producción del frijol de agosto, que el último año rondó los 1.5 millones de quintales

Si la producción esperada del frijol de mayo era de unos 800 mil quintales, y la de agosto de 1.5 millones (en total 2.3 millones), este año la cosecha solo llegará alrededor de un millón de quintales, al restarle el 60% de las pérdidas estimadas, dijo.

En el caso del maíz, aunque el MAG tiene una proyección ajustada de 19.4 millones de quintales, el técnico de Acopai sostiene que con suerte alcanzará entre 12 y 13 millones. Es decir que se perderán alrededor de seis millones de sacos, especuló.

Por su parte el gerente de la Asociación de Proveedores Agrícolas (APA), Oscar Figueroa Albanés, prevé una producción de frijol de unos 2.4 millones de quintales y en maíz espera no más de 14 millones, debido a los efectos climáticos de este año.

Esa realidad hace prever que El Salvador ser verá en la urgencia de aumentar las importaciones de ambos granos básicos.

Las importaciones de frijol para complementar la demanda interna, según el viceministro de Agricultura, Hugo Flores, alcanzará los 200 millones de quintales, aunque el titular del Ramo, Guillermo López Suárez, dijo hace poco que podrían ser 500 mil.

En el caso de maíz la importación podría rondar los cinco millones de quintales, dos millones más de lo que anualmente se provee el país con compras del exterior. En resumen: habrá escasez y precios altos.

Daniel Rivera, presidente de la Asociación Salvadoreña de Productores de Usulután, fue más pesimista al estimar las pérdidas en el cultivo de maíz, y dijo que podría rondar el 50 por ciento, debido al exceso de humedad. El rendimiento por manzana bajará en algunas zonas de 60 quintales a 20. La pobre producción sin duda incidirá en el comportamiento de los precios, dijo.

El otro grano que forma parte de la dieta alimenticia de los salvadoreños, al que le irá un poco mejor es el arroz, del cual se espera una cosecha que ronde los 950 mil quintales, levemente superior a la del año pasado.

Así lo prevé el presidente de la Asociación Salvadoreña de Beneficiadores de Arroz (Asalbar), Pedro Menjívar, quien aseguró también que en caso de tener que importar, será una cantidad pequeña, porque el país está sobreinventariado con las compras ya realizadas este año y que rondaron los 43 mil toneladas de arroz en granza.

Según la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial (Camagro), el país cultiva más de 350 mil manzanas de arroz.

Para Acopai la siembra de frijol es aproximadamente de 150 mil manzanas, pero estima que en previsión de posibles pérdidas por las fuertes lluvias y la prolongación de la estación lluviosa, hasta noviembre, muchos productores no sembrarán todas sus tierras. Esta deficitaria producción de granos básicos es la que busca revertir Gobierno con el programa de apoyos a la agricultura familiar, que busca garantizar la seguridad alimentaria de las familias más pobres del campo, aseguró recientemente el ministro López Suárez.

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Daboub dirigirá entidad que promueve adaptación al cambio climático

Carmen Molina Tamacas

La adaptación de la humanidad para enfrentar el cambio climático requiere una inversión millonaria y una visión estratégica a corto y largo plazo.

Este es el gigantesco reto que ha asumido una nueva entidad sin fines de lucro, la cual será dirigida por el salvadoreño Juan José Daboub.

En un comunicado, El Instituto para la Adaptación Global (The Global Adaptation Institute), reconoce la capacidad de Daboub para liderar esta iniciativa. Daboub recientemente finalizó cuatro años como Director Ejecutivo del Banco Mundial.

“El Dr. Juan José Daboub, quien fue el segundo al mando en el Banco Mundial, has sido elegido para encabezar un grupo ambiental privado, el cual estima que la adaptación al cambio climático requiere entre 150 y 200 miles de millones de dólares en inversión privada y pública”, añade el informe.

En 1999, a los 36 años, Daboub se convirtió en secretario técnico de la Presidencia en la administración presidencial de Francisco Flores, y en 2001 asumió como Ministro de Hacienda.

De acuerdo con un perfil publicado por El Diario de Hoy, luego de 12 años en el sector público, retornó a sus negocios familiares y aceptó el cargo de director ejecutivo de América Libre Institute, “un tanque de pensamiento” creado por Flores.

Asumió el control de los programas de cooperación del Banco Mundial el 1 de junio de 2006.

Los retos”Frente a un ambiente cambiante, las sociedades deben adaptarse o perecerán. La construcción de resistencia en la alimentación/agricultura, agua, energía, y protección costera es vital”, declaró Daboub.

Ciclos de intensas sequías seguidos por inviernos crudos y prolongados han comprometido el abastecimiento de alimento en diversas partes del mundo.

De acuerdo con expertos, el derretimiento de los casquetes polares aumentará el nivel del mar, causando daños en la pesca y la agricultura costera a mediano y largo plazo en todo el mundo.

Daboub recordó que su trabajo en el Banco Mundial mostró que para maximizar la credibilidad, consenso y efectividad en la adaptación vital al cambio climático “tenemos que ser rigurosos en el análisis de los datos, métricas claras y soluciones realistas”.

Para poder enfrentar el cambio climático, se requiere una inversión global de 6 a 9 trillones de dólares dentro de medio siglo, según ha estimado Martin Parry, del Instituto Graham para el Cambio Climático, que estudia mitigación y adaptación climática.

“La inversión privada es absolutamente vital. Nuestro organismo fundará directamente iniciativas que construyan resistencia al cambio climático. Las poblaciones vulnerables no pueden esperar al Protocolo de Kyoto u otros tratados que pretenden reducir las emisiones de carbono y los efectos de gases invernadero para que los salven”, apuntó.

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