Cuatro empresas cumplen con el Convenio de Basilea

Por: William Alfaro

Desde diciembre de 1991, El Salvador aceptó y ratificó el Convenio de Basilea que establece las normas destinadas a controlar a escala internacional los movimientos transfronterizos y la eliminación de residuos peligrosos para la salud humana y el medio ambiente, y entre ellos, se encuentran “los componentes de las baterías ácidas de plomo usadas (BAPU) que pueden representar una amenaza para la salud y el medio ambiente si se manipulan inapropiadamente”.

De hecho, nuestro país fue sede de “la Estrategia Regional para el Manejo Ambientalmente Racional de las Baterías Ácidas de Plomo Usadas en América Central, Colombia, Venezuela y los Estados Insulares del Caribe”, realizada en San Salvador en noviembre de 2002.

Según los documentos de la representación de Basilea en el país, el cónclave sirvió para colaborar con las naciones en desarrollo en la planificación de “políticas, programas y medidas para propugnar una aproximación cooperativa y coordinada que asegure el Manejo Ambientalmente Racional (MAR) de las BAPU en la región”.

En esa ocasión se estableció que el reciclado local de BAPU en muchos países de la región es inadecuada (desde la perspectiva del MAR), insuficiente o totalmente inexistente.

A su vez, uno de los nueve objetivos subrayó el compromiso de “crear conciencia en el público en general sobre la importancia del uso adecuado y de asegurar el MAR para el recupero de BAPU”.

A pocos meses de cumplirse siete años de ese encuentro, en el país apenas cuatro empresas cumplen con las normativas de Basilea para el traslado transfronterizo de las baterías.

El Convenio de Basilea establece que “los residuos peligrosos que deban ser objeto de un movimiento transfronterizo deben embalarse, etiquetarse y transportarse con arreglo a las normas internacionales e ir acompañados de un documento de movimiento desde el lugar de origen hasta el lugar de eliminación”, situación que incluye a las baterías transportadas como chatarra.

Según Miguel Araujo, ex ministro de Medio Ambiente y actual Director del Centro Regional del Convenio de Basilea, en el país, Grupo Rayo, Empresas Ambientales de El Salvador, Recicladora Centroamericana y Transportes Vides, están cumpliendo con el tratado.

La comercialización de las BAPU como chatarra no sorprendió a Araujo, quien afirmó que han tenido conocimiento, “que se han estado vaciando líquidos a los ríos y se han estado exportando baterías como chatarra. Hay un gran daño por esa contaminación grave, que se hace ilegalmente”.

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