Miles de barriles de ácido sulfúrico con plomo terminan en los ríos

Por: William Alfaro

Los índices de envenenamiento por los componentes de la baterías de automóviles, plomo y ácido sulfúrico, en un futuro inmediato pueden superar cualquier expectativa de las autoridades de Salud y Medio Ambiente, ya que más de 900 mil litros de electrolitos –una disolución de ácido sulfúrico– contaminados con óxido de plomo terminan anualmente en los ríos y lagos del país, como resultado de la falta de reciclaje de las baterías, que una vez caducadas, terminan como chatarra.

Hasta hace tres años, El Salvador reciclaba un promedio mensual de 550 toneladas de desperdicios de los acumuladores (baterías), lo cual equivalía a más de 36 mil baterías de ácido plomo usadas (BAPU) –casi un 100%–, sin embargo, según datos del Viceministerio de Transporte (VMT), el parque vehicular actual es de 696,654 autos, de los cuales unos 400 mil cambian baterías anualmente y son exportadas como chatarra con las tapaderas de aguas negras, aluminio y alambre de cobre, entre otros.

Los chatarreros, muchos de ellos de los alrededores de La Tiendona, compran las baterías desde los 13 hasta los 19 centavos por libra. Es decir que cada batería de unas 22 libras –peso promedio–, puede representar cuatro dólares con 18 centavos.

El negocio está en la compra de grandes cantidades, es por ello que la operación se vuelve indiscriminada, y aunque paguen menos centavos por aquellas baterías “húmedas” (con ácido sulfúrico), son los chatarreros quienes al final tienen que “secarlas”.

Uno de ellos pidió el anonimato al explicar que las empresas mayoristas pagan tres o siete centavos más por libra, pero exigen que “tienen que estar secas”.

Dos años atrás, una investigación de El Diario de Hoy reveló que centros de recolección para el reciclaje como Indresa, Invema y Resimefe, compran baterías para la exportación. Los chatarreros, no dudan en afirmar que estas empresas continúan siendo sus principales compradores.

Jorge García, gerente general de Invema, explicó que compran baterías secas y húmedas para venderlas a otros exportadores salvadoreños como Grupo Rayo y Green Lead.

García argumentó que exportan aluminio, latas, acero inoxidable, policarbonatos –desechos de DVD y CD–, “ya que somos los únicos que hacemos la labor de reciclaje en el país”.

También manifestó estar tramitando los permisos con el Ministerio de Medio Ambiente para poder “exportar baterías a Honduras”, y subrayó que la actual situación de contaminación que vive el país es causada por el cierre de la única planta de reciclaje (Baterías Record), por cuestiones políticas”.

Desde otra perspectiva, Ernesto Pérez, representante de Empresas Ambientales de El Salvador, compañía nominada al premio internacional de medio ambiente Green Lead, razonó que uno de los principales problemas que tienen es la competencia desleal, ya que en el país, su empresa y el Grupo Rayo son los únicos que se encargan de exportar las BAPU dentro de las normas pactadas en el Convenio de Basilea, y al igual que Grupo Rayo, aclararon que no tienen ningún compromiso comercial con Invema.

Pérez lamentó que en los últimos años, quienes compran las BAPU, sin tomar las medidas de seguridad y salud ambiental, “han vertido un gran cantidad de ácido sulfúrico” en las tuberías de la red nacional, obviando que cada unidad desprende en promedio de tres a cuatro onzas de óxido de plomo en polvo.

El mundo al revés

En 2002, el estudio sobre el “Manejo Ambientalmente Adecuado de Baterías Ácido-Plomo usadas en Centroamérica y el Caribe”, promovido por el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta), afirmaba que “el proceso típico de ‘reciclaje’ de los acumuladores de plomo consiste en romper la batería usada y separar sus componentes, para fundir y refinar el plomo. Este proceso produce varios tipos de residuos peligrosos, incluidos óxidos de plomo, sulfitos de plomo y dióxido de plomo en forma de polvo, tierra, sedimentos y lodo. Otros subproductos comunes del reciclaje de baterías son el ácido sulfúrico y metales pesados como el antimonio, el arsénico, el cadmio y el cobre, el plástico de la caja de baterías y el polietileno de los separadores. La importancia de la recuperación de las baterías usadas radica en la obtención del plomo, advierte el estudio.

El ensayo determinó que en El Salvador la industria más grande que por entonces fabricaba baterías, se había “convertido en una fábrica recuperadora de plomo secundario a través del reciclaje de baterías ácido-plomo desechadas. Se ha determinado que anualmente se reciclan en promedio un 83% de las baterías ácido-plomo que son desechadas por la población”, indica.

Los números se han invertido considerablemente. Según Empresas Ambientales de El Salvador y Grupo Rayo, solamente un 10% de las BAPU reciben tratamiento para ser exportadas, el 90% restante es exportado al margen de los acuerdos pactados por el país en el Convenio de Basilea.

La baterías chatarra salen del país bajo las partidas arancelarias de los productos ferrosos y no ferrosos, pero también algunas exportaciones se hacen amparadas en permisos que solamente pueden extender los ministerios de Salud y Medio Ambiente, y que están amparados en la partida arancelaria número 8507, para “acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares”, y la subpartida 8507-1000, “de plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de émbolo (pistón)”.

El detalle de las partidas anteriores son para la exportación de baterías de automóviles nuevas, y no para las BAPU, las cuales están consideradas en la Ley Medio de Ambiente, en el Capítulo V, que están contempladas en los “Riesgos ambientales y materiales peligrosos”.

El Artículo 57, determina que “la introducción, tránsito, distribución y almacenamiento de sustancias peligrosas será autorizada por el MARN, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Economía y el Consejo Superior de Salud Pública; un reglamento especial regulará el procedimiento para esta materia”.

Además, en el Artículo 60, aclara que “toda persona natural o jurídica que use, genere, recolecte, almacene, reutilice, recicle, comercialice, transporte, haga tratamiento o disposición final de sustancias, residuos y desechos peligrosos, deberá obtener el Permiso Ambiental correspondiente, de acuerdo a lo establecido en esta Ley”. La violación de ambos artículos son tipificados como graves.

Compromiso del consumidor

El estudio en mención también afirmó que “un sector que juega un papel fundamental en el proceso de manejo del plomo es el sector informal, conformado por talleres automotrices, talleres de reparación de baterías, personas que reacondicionan baterías, elaboran pesos de pesca, linotipos para imprenta, balas y otra serie de productos a base de plomo, los cuales son los responsables de romper la cadena de recolección para poder llegar al destino final que es la planta autorizada para reciclaje. Dentro de este sector las personas tienen como fuente de ingreso reparar las baterías, rehacer una nueva o elabora ciertos utensilios que no están al alcance de su bolsillo. Este sector es el que menos conoce acerca del manipuleo adecuado del plomo”, asevera.

El Diario de Hoy, en los recorridos para recolección de información para este artículo, constató que los chatarreros cuentan con escasa información acerca de los daños que puede causar a la salud el mal tratamiento de las BAPU.

Hace casi una década atrás, ya se consideraba el papel que juegan los consumidores en la recolección y el reciclaje de los desechos peligrosos. Para los ambientalistas, aunque el “largo brazo de la justicia” no alcance a quienes se benefician de la contaminación de los ríos, lagos y mantos acuíferos, sugieren a los consumidores preguntarse: ¿En qué lugar terminan los desechos que pueden envenenarme en un futuro inmediato, y qué están haciendo las autoridades por impedirlo?

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